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En 2020, unos 12 países aplicaban la pena de muerte a los culpables de blasfemia o apostasía. Entre ellos se encuentran Afganistán, Brunéi, Irán, Maldivas, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Qatar, Arabia Saudí, Somalia, Emiratos Árabes Unidos y Yemen; todos, excepto los Emiratos Árabes Unidos, están incluidos en la Lista de Puertas Abiertas de 2021 de los 50 países donde es más difícil ser cristiano.
Sin embargo, además de la pena legal, los Estados hacen uso de otros medios para silenciar a los infractores religiosos, según el informe:
Hay ejecuciones extrajudiciales, como los asesinatos directos por parte de las fuerzas de seguridad -en, por ejemplo, Nigeria y Yemen-, las muertes bajo custodia y las desapariciones forzadas.
Hay asesinatos por parte de civiles, como la justicia popular y los asesinatos de personas que parecen simpatizar con un blasfemo acusado. Un ejemplo destacado es el asesinato de Shahbaz Bhatti, entonces ministro de Minorías de Pakistán, por su apoyo a la cristiana Asia Bibi.
Asesinatos cometidos por grupos extremistas violentos.
Son estos «actores no estatales» los responsables de la mayoría de los asesinatos por motivos religiosos, a menudo con el acuerdo tácito del Estado, según el informe «Killing in the Name of God; State-Sanctioned Violations of Religious Freedom».
«Estos hechos se producen en un contexto de leyes o costumbres religiosas que exigen la pena de muerte para cualquier persona que se considere que ha ofendido la moral religiosa, y aunque los Estados no son directamente responsables de las muertes de las víctimas, sí deben ser considerados responsables por permitir (y a veces incluso respaldar) o no impedir este tipo de violencia», señala el informe.
«La dinámica de poder entre un Estado y sus ciudadanos, hace que el primero pueda ejercer un control sobre sus súbditos, ya sea mediante la regulación o el ofrecimiento de protección».
Cargos más apetecibles
Entre 2010 y 2020, sólo en seis de los 12 países con pena de muerte, los tribunales condenaron a muerte a los delincuentes religiosos, según el informe.
Los investigadores dijeron que el número real de casos podría ser mayor, porque los estados utilizan varias leyes para criminalizar a los delincuentes religiosos: «Tanto Irán como Arabia Saudí han procesado, condenado y ejecutado a minorías religiosas bajo la apariencia de delitos políticos y relacionados con la seguridad, en un intento deliberado de evitar las críticas. En Irán, por ejemplo, los conversos cristianos suelen ser acusados de 'actuar contra la seguridad nacional' o de 'propaganda contra el Estado'».
«Armados con una aguda conciencia de que las ejecuciones por delitos contra la religión ya no son justificables a los ojos de las comunidades nacionales e internacionales, los Estados han empleado cargos más agradables -es decir, menos controvertidos- como vía alternativa para perseguir a los infractores religiosos y, al mismo tiempo, mitigar las protestas y el escrutinio», señala el informe.
